Actos administrativos redactados con inteligencia artificial: la procedencia del dato que el texto resume

Actualizado el 12 de septiembre de 2026

Durante décadas, entre el hecho y el documento oficial que lo describe solo había una persona. La inteligencia artificial en la administración pública ha añadido un eslabón nuevo: el modelo de lenguaje que redacta el texto a partir de una grabación o una fotografía. El funcionario ya no escribe: revisa y firma.

El debate se concentra en cómo escribe el modelo. La pregunta decisiva está aguas arriba: ¿de dónde viene el dato que resume y qué prueba tienes de ello? Si la fuente no fue certificada al adquirirla, el acto hereda un vacío que ninguna revisión llena, porque la revisión comprueba la coherencia del relato, no la autenticidad de la fuente. La calidad del acto se decide en la fuente, antes de la generación.

Un acto administrativo redactado con inteligencia artificial es un documento oficial cuyo texto ha generado un modelo de lenguaje a partir de una base documental (fotografías, lecturas instrumentales, grabaciones o capturas de pantalla) y que un funcionario valida después con su revisión y su firma. El ejemplo más documentado es Draft One, de Axon, que procesa el audio de la cámara corporal del agente con una variante de ChatGPT y devuelve un borrador de informe policial. Según el COPS Office del Departamento de Justicia estadounidense, los agentes deben firmar una declaración en la que reconocen que el informe se generó con Draft One y que lo han revisado y corregido (COPS Office, enero de 2025). El mecanismo es siempre el mismo: una fuente capturada, un modelo que la convierte en prosa y una persona que responde del resultado.

Dónde entra la inteligencia artificial en la administración pública: el modelo de lenguaje dentro del acto

Tres ejemplos de inteligencia artificial en la administración pública, en tres países distintos, muestran el mismo patrón: el modelo de lenguaje ocupa el lugar de la redacción manual, recibe una base documental y devuelve un texto que el funcionario firma.

Tres casos en tres mercados: informes policiales, flujos de trabajo en la administración alemana y aplicación italiana del Reglamento de IA

En los tres casos falta lo mismo: una prueba certificada de la fuente. En Texas, la oficina del sheriff de Johnson County usó Draft One para el informe de una búsqueda en la red de cámaras Flock sobre una mujer que había abortado por su cuenta (404 Media). En Alemania, Spark Workflow evalúa con prompts predefinidos las solicitudes de autorización para acelerar entre un 50 y un 80 por ciento los procedimientos (BMDS; heise). En Italia, el decreto de adaptación al AI Act (Reglamento de IA) prevé extraer datos biométricos del rostro en estadios y estaciones, pese al dictamen contrario de la autoridad de protección de datos, basado en el artículo 26.10 del AI Act (Matteo Flora; Agenda Digitale).

Ninguna base documental fue certificada al nacer, y los límites del Reglamento de IA frente a la autenticidad de los contenidos siguen ahí: el Reglamento regula el sistema, no lo que lee.

Qué controla la revisión humana y qué no puede controlar

La revisión humana de un texto generado con inteligencia artificial comprueba la coherencia del relato, no la autenticidad del material: detecta el dato que no cuadra, no si la fotografía se tomó ese día y en ese lugar.

A diferencia de lo que suele suponerse, la revisión humana de un acto generado por un modelo de lenguaje verifica la coherencia interna del texto, las alucinaciones evidentes y las omisiones frente al expediente, pero no puede reconstruir la fecha, el lugar ni la integridad de la fuente que el modelo resumió. Stefan Kaufmann, analizando Spark Workflow en netzpolitik.org (12 de agosto de 2026), señala que el sistema carece de validación científica y de un umbral de error definido, produce resultados distintos con la misma entrada y deja al “human in the loop” sin posibilidad de juzgar con fiabilidad si la salida es correcta (netzpolitik.org). Draft One, por su parte, no conserva el borrador original, “y es así por diseño”: tras la firma nadie distingue qué escribió el modelo y qué corrigió el agente (EFF).

Las primeras leyes lo confirman: California (SB 524, 2025) exige declarar el uso al pie y conservar el primer borrador; Utah (SB 180), una advertencia y la certificación del agente de haber verificado la exactitud (EFF; SB 524; SB 180). Ambas regulan el texto, ninguna la fuente.

La pregunta que decide el valor del acto: de dónde viene el dato

El valor de un acto redactado con inteligencia artificial lo decide la procedencia de los datos que resume, no la prosa: sobre una fotografía sin fecha cierta, el texto vale lo que la fotografía.

Fotografías, lecturas instrumentales, grabaciones y capturas de pantalla: la base documental del acto

La base documental de un acto son los materiales con los que se afirman los hechos: la fotografía de una obra sin licencia, la lectura de un sonómetro, la captura de pantalla de un portal. Antes quedaban en el expediente con la firma de quien los recogió; ahora pasan por una conversión previa (audio a texto, PDF a Markdown) y el texto pierde la trazabilidad del dato, como la pierde un informe de ensayo sin trazabilidad de sus datos.

El vacío heredado: cuando la fuente no está certificada, la prosa no lo llena

Un acto generado con inteligencia artificial hereda el valor probatorio de su fuente, y ninguna revisión posterior crea el valor que la fuente no tenía.

El valor probatorio de un acto redactado con inteligencia artificial no supera el de la fuente de la que parte. Una fotografía tomada con un teléfono de servicio conserva metadatos que cualquier editor de imágenes puede modificar, de modo que su fecha, hora y coordenadas son una declaración del archivo, no una prueba. El derecho europeo lo ha resuelto para un dato concreto: según el artículo 41 del Reglamento eIDAS (UE) 910/2014, el sello de tiempo cualificado disfruta de una presunción de exactitud de la fecha y la hora que indica y de integridad de los datos vinculados (EUR-Lex, Reglamento 910/2014). Una fuente sellada al adquirirla entra en el procedimiento con esa presunción; una fuente sin sellar entra con la palabra de quien la aporta. El modelo no altera esa diferencia: la esconde bajo la prosa.

Si el interesado pregunta sobre qué se funda el texto, una imagen sin fecha comprobable detiene el procedimiento: lo que hace verificable a un documento electrónico son mecanismos técnicos, no la palabra de quien firma.

Qué exige el derecho: supervisión humana, transparencia y motivación basada en hechos

El derecho pide tres cosas a quien usa la inteligencia artificial en la administración pública dentro de un procedimiento: supervisión competente, transparencia y motivación sobre hechos acreditados. Las tres presuponen que se pueda llegar a la fuente.

AI Act: supervisión humana (artículos 14 y 26) y obligaciones de transparencia (artículo 50) para el uso público

El AI Act exige que los sistemas de alto riesgo, entre los que su anexo III incluye usos por autoridades públicas, tengan una supervisión humana efectiva.

El artículo 14 del AI Act, el Reglamento (UE) 2024/1689, exige que los sistemas de IA de alto riesgo se diseñen de modo que las personas encargadas de su supervisión puedan comprender sus capacidades y límites, interpretar correctamente la salida, decidir no usarla o ignorarla, e intervenir o interrumpirlo (artículo 14). Para una administración, interpretar correctamente un informe generado a partir de fotografías o grabaciones significa poder cotejarlo con esas fotografías y grabaciones, y saber que son las originales. El artículo 26 traslada la obligación a quien despliega el sistema, incluidas las autoridades públicas: supervisión por personas competentes, uso conforme a las instrucciones y conservación de los registros (artículo 26); el artículo 12 exige que el sistema registre los eventos (artículo 12). Ese registro documenta lo que el modelo hizo, no de dónde salió el material.

El artículo 50 añade la transparencia: quien recibe contenido generado debe poder saberlo (artículo 50; EUR-Lex; ver las obligaciones del AI Act desde agosto de 2026). Ninguno certifica la fuente: la supervisión del artículo 14 presupone poder remontarse al original, y con TrueScreen cada adquisición queda verificable de forma independiente.

La actuación administrativa automatizada y la motivación del acto: hechos acreditados, no referidos (art. 35 Ley 39/2015 y art. 41 Ley 40/2015, España)

En España, la actuación administrativa automatizada tiene régimen propio. El artículo 41 de la Ley 40/2015 la define como la realizada íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público, y obliga a fijar antes el órgano responsable de las especificaciones, la supervisión, el control de calidad y la auditoría del sistema (Ley 40/2015, BOE). Un acto firmado por un funcionario no es una actuación automatizada, pero la lógica que pide el legislador es la misma: un responsable identificado y un control auditable.

La motivación del acto administrativo está en el artículo 35 de la Ley 39/2015: los actos que limiten derechos se motivan con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (Ley 39/2015, BOE). “Sucinta” describe la extensión, no la solidez: los hechos deben poder acreditarse cuando alguien los discuta, justo lo que el modelo no produce. Si el documento administrativo electrónico cita una fotografía, alguien debe poder mostrarla con su fecha y su integridad, en una administración local española o latinoamericana.

¿Qué debe hacer una administración cuando utiliza la IA en un procedimiento?

Una administración que utiliza la inteligencia artificial en un procedimiento debe certificar la base documental antes de generar el texto, informar del uso, supervisar con acceso a la fuente, conservar registros y motivar sobre hechos acreditados:

1. Certificar la fuente al adquirirla: cada fotografía, lectura, grabación o captura de pantalla recibe sello digital y sello de tiempo cuando nace.
2. Informar de que el texto se generó con un sistema de IA, como pide el artículo 50 del AI Act.
3. Garantizar una supervisión humana que pueda cotejar el texto con la fuente, como exige el artículo 14.
4. Conservar los registros del sistema y el borrador inicial (artículos 12 y 26 del AI Act) para separar lo escrito por el modelo de lo corregido por la persona.
5. Motivar el acto con hechos acreditados e identificar al responsable del sistema (en España, artículos 35 de la Ley 39/2015 y 41 de la Ley 40/2015).

Dos casos prácticos: la inspección sobre el terreno y el informe de instrucción

Los escenarios típicos de la inteligencia artificial en la administración local son la inspección que acaba en acta y el expediente que acaba en informe de instrucción; en ambos, el modelo resume material capturado por otros.

El informe redactado a partir de fotografías tomadas con un teléfono de servicio nunca certificadas

Un acta redactada por un modelo a partir de fotografías no certificadas descansa en la memoria del inspector. Imagina que un agente de la policía local fotografía con el teléfono de servicio una ocupación de la vía pública, un modelo redacta el acta y el funcionario la firma; semanas después, el interesado alega que las fotografías son de otro día y de otro lugar.

Un acta de inspección redactada con inteligencia artificial a partir de fotografías de un teléfono de servicio vale, ante una impugnación, lo que valgan esas fotografías. En España, el artículo 35 de la Ley 39/2015 exige motivar con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos (Ley 39/2015, BOE), y el hecho referido es la ocupación fotografiada en una fecha y un lugar concretos. Si el archivo solo conserva metadatos editables con cualquier programa, la administración solo puede oponer la declaración del agente. Si cada fotografía recibió al capturarse un sello digital y un sello de tiempo, con fecha, hora y coordenadas verificadas y un informe técnico legible por un tercero, el acta responde por sí sola: el texto lo escribió el modelo, pero los hechos los fijó la captura certificada.

El informe que resume documentos cargados por terceros sin prueba de cuándo y por quién

Un informe de instrucción que resume documentos aportados por terceros no puede afirmar más de lo que esos documentos prueban, y un archivo cargado en un portal solo prueba que alguien lo cargó. En una subvención, las evidencias de ejecución para justificar los fondos públicos dependen de cuándo se tomó cada fotografía, no de cuándo se cargó. Las administraciones usan TrueScreen para dar fecha cierta e integridad demostrable a los documentos cargados por terceros, antes de que un informe de instrucción los resuma.

¿Cómo se certifica la fuente de un acto redactado con inteligencia artificial?

TrueScreen, the Data Authenticity Platform, certifica en origen el material que alimenta el acto: la fotografía, la grabación, la lectura instrumental o la captura de pantalla reciben sello digital y sello de tiempo en el instante de la adquisición, con los metadatos verificados y un informe técnico verificable por cualquiera. El modelo lee después material ya probado.

Certificar la fuente de un acto redactado con inteligencia artificial significa fijar, en el momento en que el dato nace, lo que después nadie podrá reconstruir: que el archivo es el que se capturó, cuándo, con qué dispositivo y en qué lugar. TrueScreen lo hace con una metodología forense patentada conforme a la norma ISO/IEC 27037 sobre evidencias digitales: la captura se realiza en un entorno controlado donde ninguna persona, programa o sistema puede alterar la adquisición; los datos se verifican (integridad del dispositivo, autenticidad de hora, posición, IP e identificadores); se genera un informe técnico en PDF y JSON con la cadena de custodia completa; y el paquete se cierra con un sello digital oficial y un sello de tiempo oficial, reconocidos internacionalmente. La huella se calcula con SHA-256, definido por el NIST (FIPS 180-4).

Hay dos formas de certificar: la adquisición en tiempo real, que certifica el dato desde que nace y ofrece el máximo valor probatorio, y la importación de un archivo existente, con la que TrueScreen acredita que el archivo no ha cambiado desde entonces, no cómo nació.

El paquete certificado es autónomo: quien lo recibe (interesado, perito, tribunal) puede volver a comprobar huella, sello y sello de tiempo con herramientas estándar, sin TrueScreen y sin fiarse de quien lo entrega, como en la certificación de evidencias para un peritaje.

TrueScreen garantiza el cómo, no el qué: que la adquisición es genuina y que el contenido no se ha alterado; el mérito del acto sigue siendo trabajo del funcionario y del juez. El resultado es documentación con valor probatorio, que se convierte en prueba cuando el órgano competente la admite, y una separación limpia entre lo que el modelo escribió y lo que ocurrió. Como explicamos en por qué etiquetar el contenido generado por IA no basta, declarar la autoría del modelo informa al lector; certificar la fuente protege el procedimiento.

FAQ: inteligencia artificial en la administración pública y procedencia del dato

¿Es válido un acto administrativo redactado con inteligencia artificial?
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Un acto administrativo redactado con inteligencia artificial es válido si lo firma un funcionario competente, está motivado y los hechos en que se apoya pueden acreditarse. El modelo de lenguaje es un instrumento de apoyo, no el autor del acto: la responsabilidad sigue siendo de la persona que lo adopta. En España, el artículo 35 de la Ley 39/2015 exige motivar con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limitan derechos (BOE). La validez no depende de quién escribió la prosa, sino de que los hechos referidos tengan una fuente verificable: una fotografía con fecha cierta, una grabación íntegra, una lectura instrumental original.

¿Qué controla la revisión humana de un texto generado y qué no?
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La revisión humana de un texto generado por un modelo de lenguaje controla la coherencia interna, las alucinaciones evidentes, las omisiones frente al expediente y la corrección del encuadre jurídico. No puede controlar la fecha, el lugar ni la integridad de una fotografía, una grabación o una captura de pantalla que no fue certificada al capturarse, porque el texto no conserva esa información. Stefan Kaufmann, en netzpolitik.org (12 de agosto de 2026), señaló a propósito de Spark Workflow que el “human in the loop” no puede juzgar con fiabilidad si la salida de un sistema sin validación científica es correcta (netzpolitik.org).

¿Qué exige el artículo 14 del AI Act a las administraciones públicas?
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El artículo 14 del AI Act, el Reglamento (UE) 2024/1689, exige que los sistemas de IA de alto riesgo permitan una supervisión humana efectiva: las personas encargadas deben poder comprender las capacidades y los límites del sistema, interpretar correctamente su salida, decidir no utilizarla, intervenir en su funcionamiento o interrumpirlo (artículo 14). El artículo 26 traslada a quien despliega el sistema, incluidas las autoridades públicas, la obligación de encomendar esa supervisión a personas competentes y de conservar los registros (artículo 26). Para una administración, interpretar correctamente un informe generado significa poder cotejarlo con el material original del que partió.

¿Qué es la actuación administrativa automatizada según la Ley 40/2015?
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En España, la actuación administrativa automatizada es, según el artículo 41 de la Ley 40/2015, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un procedimiento, sin intervención directa de un empleado público. La ley obliga a establecer previamente el órgano responsable de la definición de las especificaciones, la programación, el mantenimiento, la supervisión y el control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema (Ley 40/2015, BOE). Un acto redactado por un modelo y firmado por un funcionario no es una actuación automatizada en sentido estricto, pero ese esquema de responsable identificado y control auditable es la referencia razonable para su uso.

¿Qué valor probatorio tiene una fotografía tomada con un teléfono de servicio en un acto administrativo?
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Una fotografía tomada con un teléfono de servicio tiene el valor probatorio que pueda demostrarse de su fecha, su lugar y su integridad. Los metadatos que escribe el teléfono (fecha, hora, coordenadas) se modifican con cualquier editor de imágenes, así que por sí solos son una declaración del archivo y no una prueba. El Reglamento eIDAS (UE) 910/2014 reconoce en su artículo 41 al sello de tiempo cualificado una presunción de exactitud de la fecha y la hora y de integridad de los datos vinculados (EUR-Lex). Una fotografía sellada en el instante de la captura entra en el expediente con esa presunción; una fotografía sin sellar entra con la palabra del agente que la tomó.

¿Cómo se demuestra de dónde procede el dato que resume un acto administrativo?
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Con TrueScreen, the Data Authenticity Platform, la procedencia del dato se demuestra certificando el material en el instante de su adquisición: la fotografía, la grabación, la lectura instrumental o la captura de pantalla reciben sello digital y sello de tiempo oficiales, reconocidos internacionalmente, con los metadatos verificados y un informe técnico en PDF y JSON que cualquier tercero puede comprobar sin depender de quien lo entrega. La metodología es forense y conforme a la norma ISO/IEC 27037 sobre evidencias digitales; la huella del archivo se calcula con SHA-256, definido por el NIST en FIPS 180-4 (NIST). El acto redactado con IA queda así separado de su base documental: el texto puede discutirse, la fuente está fijada.

¿Conserva Draft One el borrador original del informe policial?
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No. Draft One, el sistema de Axon que genera borradores de informes policiales a partir del audio de la cámara corporal, no conserva el borrador original: un responsable de producto de la empresa declaró que “no almacenamos el borrador original y es así por diseño” (EFF, diciembre de 2025). Después de la firma del agente no puede distinguirse qué escribió el modelo y qué corrigió la persona. California, con la ley SB 524 de 2025, exige conservar el primer borrador y declarar al pie del informe que la IA participó en su redacción (California SB 524); Utah, con la SB 180, exige una advertencia y la certificación del agente de haber verificado la exactitud (Utah SB 180).

¿Qué debe informar una administración cuando utiliza IA en un procedimiento?
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Una administración que utiliza un sistema de IA en un procedimiento debe informar de que el contenido se ha generado con ese sistema o con su apoyo, conforme a las obligaciones de transparencia del artículo 50 del AI Act (artículo 50). Informar del uso, sin embargo, no acredita los hechos: un informe que declara al pie haber sido redactado con IA sigue necesitando una base documental certificada para responder a quien discuta la fecha o el lugar de una fotografía. La transparencia sobre el sistema y la certificación de la fuente son dos obligaciones distintas que se cumplen en momentos distintos: la primera al comunicar el acto, la segunda antes de que el modelo lea el primer archivo.