Impugnar la autenticidad de un documento electrónico: qué exige la LEC y a quién le toca probar

Publicado el 26 de agosto de 2026

Impugnar no es negar. Impugnar la autenticidad de un documento consiste en sostener que no procede de quien se dice o que su contenido ha sido alterado, y esa afirmación abre una fase de comprobación, no una exclusión automática de la prueba. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) reparte la carga de forma distinta según el documento sea público o privado, y en la impugnación de autenticidad de un documento electrónico su artículo 326.2 añade un riesgo medible: si la autenticidad se confirma, las costas del cotejo recaen sobre quien impugnó.

Este análisis forma parte de la guía: la prueba electrónica en el proceso civil: artículo 326 LEC y Reglamento eIDAS

Documento público y documento privado: dos regímenes de impugnación

La LEC no trata igual a los dos tipos: el público llega al proceso con una eficacia reforzada que la impugnación no suspende, mientras que el privado pierde ese valor pleno en cuanto alguien lo discute.

Qué significa que el documento público haga prueba plena

El artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye a los documentos públicos prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documentan, de la fecha y de la identidad de los fedatarios e intervinientes, y esa eficacia no decae si la contraparte la discute: el artículo 320 ordena que, impugnada la autenticidad, se proceda al cotejo o comprobación con el original, dondequiera que se encuentre. Para quien impugna, la negación no traslada la carga al adversario: activa un trámite que puede acabar confirmando el documento.

El documento privado impugnado y el cotejo pericial del artículo 326 LEC

En el documento privado la lógica se invierte. El artículo 326.1 LEC condiciona su prueba plena a que la autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique, y la impugnación retira ese valor de inmediato. El apartado 2 devuelve la iniciativa a quien lo presentó, que podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer otro medio de prueba útil y pertinente. Si de ahí resulta la autenticidad, las costas del cotejo se imponen a quien impugnó. Y si nada se deduce ni se propone prueba, el tribunal valora el documento conforme a las reglas de la sana crítica.

Qué cambia cuando el documento es electrónico

El artículo 326.3 LEC no resuelve la impugnación del documento electrónico: la deriva a la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza. El debate abandona la letra manuscrita y se traslada a los elementos técnicos del archivo, como anticipa la guía sobre la prueba electrónica y el artículo 326 LEC.

El apartado 3 del artículo 326 LEC y la impugnación de la firma electrónica

El artículo 3 de la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza reconoce a los documentos electrónicos el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza. Si se impugna una firma electrónica cualificada (QES), se comprobará que está basada en un certificado cualificado y generada mediante un dispositivo cualificado de creación de firma, y la controversia se reduce a esa verificación. Si lo impugnado es una firma electrónica avanzada, se estará a lo probado y reaparece la incertidumbre del régimen general, como detalla el análisis sobre la firma electrónica avanzada en eIDAS. Conviene no mezclar dos figuras: la firma electrónica es la suscripción de un documento por una persona; el sello electrónico certifica la integridad y el origen de fotos, vídeos, screenshots o páginas web.

Sello de tiempo cualificado y presunción de integridad en eIDAS

El Reglamento eIDAS (UE) 910/2014 coloca las presunciones del lado de quien aportó el documento. Su artículo 41 reconoce al sello de tiempo cualificado la presunción de exactitud de la fecha y la hora que indica y la de integridad de los datos vinculados, y el artículo 35 hace lo propio con el sello electrónico cualificado, respecto de integridad y origen. El artículo 25.1 impide además negar efectos jurídicos o admisibilidad a una firma electrónica por su solo formato electrónico. Impugnar contra esas presunciones exige algo más que una sospecha.

Costas del cotejo e impugnación temeraria

La impugnación tiene precio procesal: si la autenticidad queda acreditada, el artículo 326.2 LEC carga a quien impugnó las costas y los gastos del cotejo, y permite añadir multa por temeridad. Frente a un archivo con sello de tiempo cualificado conviene que hagas ese cálculo antes de firmar el escrito, porque la pericial casi siempre lo confirmará.

Por qué el pleito se decide en el momento de la captura

La suerte de una impugnación se juega antes del proceso, en cómo se obtuvo el documento. Un archivo recogido meses después deja abierta cualquier hipótesis de manipulación; un dato capturado y sellado en el instante en que se genera cierra ese espacio y hace verificable la cadena de custodia de la prueba electrónica.

Qué convierte una impugnación en genérica

Una impugnación es genérica cuando niega la autenticidad sin decir qué parte del documento estaría alterada, en qué momento ni qué elemento técnico falla. Suele nacer de una confusión: un hash criptográfico demuestra que el archivo no ha cambiado desde que se selló, pero no dice nada sobre si el contenido era cierto cuando se capturó. Integridad y veracidad son cosas distintas, y ahí se derrumban las impugnaciones mal planteadas. La que prospera señala una discordancia concreta, y ese es el detalle que necesitas para discutir la admisibilidad de la prueba digital en juicio.

Cómo TrueScreen certifica el dato cuando nace

TrueScreen es la Data Authenticity Platform que captura y certifica el contenido digital con valor legal en el momento en que el dato nace, y no cuando el archivo ya ha circulado. Su metodología forense tiene tres pasos: adquisición en origen, verificación de integridad y certificación con sello de tiempo cualificado y sello electrónico, integrando por API el sello de QTSP cualificados de terceros. Lo que llega al tribunal no es un archivo suelto, sino un paquete con fecha, hora e integridad verificables, los elementos a los que eIDAS asocia sus presunciones, también en grabaciones de audio con valor probatorio.